(Publicado en News & Reports) La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (P.A.P.), que engloba al 90% de las productoras audiovisuales independientes de España, protagonizó ayer martes una de las mesas redondas más importantes de todo el área de industria del MAFIZ en 2022. El anteproyecto de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual ha causado mucha preocupación en el gremio y hasta el día 28 se pueden hacer alegaciones para intentar reconducir un texto que ha sorprendido a la producción independiente y que pone en riesgo su supervivencia.
En la imagen, De izquierda a derecha, Francisco Menéndez, Elena Ordüñez, Jordi Oliva, María Luisa Gutiérrez y José Antonio Hergueta.
El Auditorio del Museo Carmen Thyssen de Málaga acogió ayer el panel ‘Alerta de las productoras independientes ante la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual’. El objetivo era, en cierta manera, lanzar un grito de auxilio y poner el acento en los elementos más críticos “por su falta de ambición, estrategia y visión de futuro” del anteproyecto de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.
Moderada por el productor José Antonio Hergueta (presidente de MAPA), la sesión contó como ponentes con los representantes de la P.A.P., María Luisa Gutiérrez (presidenta de AECINE) y Jordi B. Oliva (presidente de PROA), y los abogados Elena Ordúñez y Francisco Menéndez.
La convocante fue P.A.P., plataforma que integra a las entidades AECINE, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM. En su conjunto, representan alrededor de 600 productoras audiovisuales independientes, lo que equivale al 90% de las empresas de este tipo en todo el Estado.
Los productores remarcaron que el texto tiene muchas cuestiones con las que discrepan pero quisieron centrarse en cuatro puntos especialmente: la falta de definición de qué es un productor independiente, la posibilidad de que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (plataformas, televisiones) sean considerados como tales, el refuerzo de una figura que parecía superada como las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y el hecho de que no se hable de la transformación del ICAA en Agencia Estatal.
“La nueva ley del cine es preocupante porque nos coloca a los productores independientes en situación de desventaja con otros agentes de la cadena de valor cuando, supuestamente, se nos quiere defender. Nuestra definición debe quedar reflejada y blindada en el articulado”, afirmó Jordi Oliva.
El responsable de PROA considera que la reforma “peca de falta de ambición y de ser cortoplacista“. Echan en falta “más definiciones para que el texto no sea sujeto de interpretaciones”. “El texto te marea un poco y nos deja en una indefensión. Deberían disminuirse las ambigüedades y que las subvenciones únicamente vayan a la producción independiente”.
El propio nombre de la ley (Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual) ya deja a las claras que se ha intentado congraciar la producción tradicional con el nuevo escenario. Desde la producción están de acuerdo en que el texto previo, de 2007, estaba anticuado y que hacía falta renovarlo pero no para “menospreciar” a los productores en beneficio de nuevos agentes que son macroempresas que no tienen nada de independientes ni necesitan el apoyo público para subsistir y crecer.
“El panorama ha cambiado muchísimo pero deberíamos aprovechar la oportunidad de esta ley para definir las distintas figuras: el productor, el productor ejecutivo, el productor financiero, el productor asociado… Todo ello nos daría más seguridad jurídica”, subrayó María Luisa Gutiérrez.
Para apoyar sus tesis con argumentos jurídicos, los productores convocaron a esta mesa redonda a dos abogados. “El texto de la nueva Ley del Cine es bienintencionado y de consenso. De consenso entre el Cine y la Cultura Audiovisual. Es café para todos. En la exposición de los motivos, hay un intento de refuerzo de la producción independiente pero se queda en intento. Debería ser más claro”, manifestó Elena Ordúñez.
Oliva va más lejos y dice que no les gusta “cómo está redactada” porque además “le hace un flaco favor a la cinematografía de los próximos 10 años”. Porque ese es otro tema. La ley vigente tiene 15 años. Los productores temen que un paso en falso pueda determinar la situación de muchos años venideros, por eso están tan preocupados y esperan que se pueda resolver todavía tras el período de alegaciones.
Durante la mesa también manifestaron la escasez de presupuesto. Gutiérrez recordó que hace unos años se marcaba que el presupuesto estaría en torno a los 100 millones, algo que se quedó en nada.
“El presupuesto debería marcar unos mínimos de inversión, el cual debe ser un porcentaje de los presupuestos. Que el 100% vaya a la producción independiente y que de ahí un porcentaje importante vaya al cine”, comentó Oliva.
Otro de los puntos que se trataron tiene que ver con la fiscalidad. Hergueta dio paso a los ponentes, resaltando que “se respalda el sistema de las AIEs cuando ya parecía superado”.
“A veces parece un corta y pega de la Ley de 2007. Estamos batallando para conseguir fórmulas mejores que las AIEs”, declaró Oliva.
“En la nueva ley no se menta el Contrato de Financiación, que es una figura más clara. Las AIEs son arquitectura endemoniada, poco transparentes y que precisamente no estaban funcionando para las Administraciones”, argumentó María Luisa Gutiérrez.
El cuarto punto que les parece especialmente sensible es el de la transformación del ICAA en Agencia Estatal.
La posibilidad de esta transformación está auspiciada por unos cambios legislativos producidos en 2020 ante la llegada de los fondos europeos Next Generation, de forma que se promueve la idea de convertir organismos pertenecientes a ministerios en agencias. En el sector de la producción hay un consenso de que esto sería positivo. De hecho, Oliva desvela que el propio ICAA les hizo una consulta a los productores preguntando por ello y el sector básicamente dijo “sí, por favor”.
Como indicó el abogado Francisco Menéndez, esta decisión sería fundamental para la industria, ya que permitiría que esta entidad no dependiera exclusivamente de los presupuestos del Estado, y pudiera financieras con otras fuentes como ciertas tasas, de forma que se pudiera llevar a cabo la propuesta llamada de FASA. Según el abogado, también redundaría en mayor agilidad y eficiencia, así como en una interlocución más reglada.
Entre los asistentes no estaba la directora general del ICAA, Beatriz Navas, pero sí acudió Silvia Anoro de la Subdirección General de Fomento del ICAA. Tras la mesa redonda, los productores formaron un corrillo con ella para abordar los temas que se criticaron durante la sesión. No obstante, estas cuestiones también se debatieron durante toda la mañana en una reunión privada en el Salón Jábega del Hotel NH, en el que se reunió a diferentes agentes del sector audiovisual para hablar con representantes de las instituciones en torno a esta ley. Este evento iba a ser abierto y muchos profesionales tenían pensado acudir para dar cuenta de las tensas conversaciones que se están produciendo, pero finalmente, las instituciones públicas estimaron que era más conveniente un debate cerrado sin posibilidad de una interlocución con la industria más amplia y diversa.