El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto con una dotación de 40 millones de euros.
El sector audiovisual es un sector estratégico y en crecimiento y las producciones audiovisuales generan empleo y repercuten en empresas auxiliares y de servicios en los territorios donde se llevan a cabo.
Estas ayudas vienen reguladas por la Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, y están destinadas al apoyo de la financiación de proyectos cinematográficos en disposición de obtener la nacionalidad española y el certificado de carácter cultural.
Entre los requisitos destacan:
• Las ayudas mantienen el coste mínimo en 1.300.000 €, con una nueva excepción en el caso de las coproducciones internacionales con países de la Unión Europea y países miembros del Consejo de Europa, cuyo coste mínimo ahora podrá ser de 300.000 euros. Esta excepción se suma al mínimo de 300.000 € establecido para los documentales, de 150.000 € para coproducciones minoritarias con Iberoamérica y de 700.000 € en el caso del resto de las coproducciones internacionales.
• La protección de los autores, mediante la exigencia de que se haya abonado un 50 % del precio del guion para acceder al porcentaje de la ayuda que se otorga antes del inicio de rodaje.
• El fomento de la igualdad de género. Se establece una reserva del 20% del total de la dotación de las ayudas a proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres, que irá aumentando hasta el 35% en las próximas convocatorias, y se otorga puntuación extra cuando haya participación exclusivamente femenina en otros puestos de responsabilidad, excepto en la escritura del guion, que se permite la coparticipación masculina para obtener dicha puntuación.
• La accesibilidad universal del cine español, haciendo obligatorio que las películas beneficiarias incluyan el subtitulado especial y la audiodescripción para acceder a las ayudas. Esta obligación se une a la ya existente, de tener empleada en la empresa o incorporar al proyecto, al menos, a una persona con discapacidad.
• Como medida específica para hacer frente al impacto económico de la COVID-19 en las empresas del sector se aumenta el porcentaje que podrán recibir como primer pago que pasa del 20% al 40%, compensándose con el segundo pago que pasa del 50% al 30%, para dotar de liquidez a la empresa para que emprenda con mayor facilidad la fase de producción.